DECLARACIÓN

"POR UN PROCESO DE LIBERTAD CONSTITUYENTE"

Los firmantes de esta Declaración,

  1. Agradecemos a todos los españoles que, tras el largo periodo de dictadura instaurada a la finalización de la atroz guerra civil, desearon establecer la justicia, la libertad y la seguridad, así como promover el bien de cuantos integran la nación y conseguir un marco de convivencia democrática, de libertad y relaciones pacíficas, aunque esos deseos desembocaran en la fallida Constitución de 1978.
  2. Entendemos que el proceso que se siguió hasta el refrendo de la citada Constitución no permitió la ruptura con el anterior régimen de la dictadura, al evitarse que el pueblo español participara en dicho proceso con plena libertad política para determinar las “reglas del juego” del sistema político del Estado español que iban a afectar a toda la nación.
  3. Consideramos que el sistema político definido en la citada Carta Magna del 78, fruto en aquel momento histórico de un excluyente consenso entre algunos políticos, ha facilitado la implantación en España de un régimen partidocrático o Estado de partidos, lo cual queda de manifiesto al observar que el constitucionalmente declarado “Estado social y democrático de Derecho” carece de las características esenciales de una democracia, tales como la separación e independencia de los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con las convenientes medidas de frenos y contrapesos), representatividad directa de los ciudadanos (derivada esencialmente del régimen electoral) y medidas efectivas de control de dichos poderes por la ciudadanía para minimizar los posibles abusos o desviaciones de poder.
  4. Observamos y concluimos que la corrupción sistémica que padece España es una lacra que corroe los cimientos del Estado de Derecho y atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo integral del pueblo español, reflejando el deterioro de valores y virtudes morales tales como la honradez y la justicia, y que es resultado del sistema político configurado en la Constitución de 1978 y su deriva forzosa hacia el régimen partidocrático establecido. Asimismo, consideramos que este factor perjudica inevitablemente la posición de España en el panorama internacional y su facultad de negociación en las relaciones internacionales en defensa de los intereses del pueblo español.
  5. Consideramos que la solución para poner fin al sistema partidocrático que padece España, que de forma tan negativa afecta al ejercicio de las competencias cedidas por el pueblo español al Estado en la citada Constitución y a su necesaria financiación mediante tributos, tales como la educación, sanidad, administración de Justicia, asistencia social, seguridad pública y defensa, legislación laboral, infraestructuras, medio ambiente, bases de la ordenación de crédito y banca, medios de comunicación social y demás competencias, no puede conseguirse con una reforma constitucional desde dentro del actual sistema partidocrático y mediante los mecanismos previstos en la actual Constitución, y mucho menos con la participación de los partidos políticos que, precisamente, son los causantes y parte del problema. Téngase en cuenta que los partidos políticos sólo contemplan reformas de la actual Constitución porque les beneficia, al ser ellos los actores, marginando los intereses del pueblo español.
  6. Consideramos que la única alternativa viable para poner fin a este nocivo régimen partidocrático es un proceso de libertad constituyente, con un previo periodo pacífico de libertad política colectiva, en el que los miembros de la nación española puedan debatir, reflexionar y decidir libremente y en igualdad las bases del futuro texto constitucional, siendo necesario para ello la disolución de las asambleas legislativas -estatal y autonómicas- y tener los gobiernos en funciones -estatal, autonómicos y locales- (es decir, con las mínimas facultades imprescindibles), que durará el tiempo que la nación española considere necesario. Durante este periodo, los gobiernos en funciones y funcionarios públicos seguirán gestionando los servicios públicos con arreglo al ordenamiento jurídico vigente hasta su modificación o derogación tras la aprobación de la nueva Constitución.
  7. Defendemos que la nación decida por mayoría la instauración de una democracia formal como forma de gobierno, con separación de poderes mediante elecciones diferenciadas al Legislativo y Ejecutivo, así como con un régimen exhaustivo de incompatibilidades; la elección directa de representantes para el Legislativo por distritos electorales uninominales (una persona por distrito electoral), que puedan ser controlados y destituidos por sus electores, en su caso; la elección directa de la persona que ocupe la Presidencia del Gobierno en distrito único nacional a doble vuelta (sería obligatorio conocer el resto de personas que ocuparían las carteras ministeriales durante la campaña electoral); y una Justicia independiente con algún mecanismo de control por la nación.
    Asimismo, debe ser la nación española, a través de ese proceso constituyente, la que decida libremente, sin la participación de partidos políticos y organizaciones afines a estos o con intereses espurios, aspectos tan esenciales como la forma de Estado (monarquía parlamentaria, república constitucional, etc.); mecanismos de frenos y contrapesos que procuren el necesario equilibrio y respeto entre los poderes del Estado y eviten la ingobernabilidad de España; la organización territorial, con la concentración o desconcentración del poder político y ejecutivo que se decida; libertades y derechos fundamentales de los españoles; competencias a ceder al Estado y su necesaria financiación (tributos); el modelo de función pública, y demás aspectos básicos que libremente se consideren durante el proceso constituyente, que finalmente se verán plasmadas en la nueva constitución.
  8. Consideramos que el proceso constituyente debe finalizar con el referéndum -o varios, si fuera necesario- que apruebe el texto completo de la nueva Constitución. Una vez aprobada la Constitución, y con el fin de elegir a los nuevos representantes de los españoles, deberá disolverse inmediatamente la asamblea constituyente y convocarse las elecciones al Legislativo y al Ejecutivo, así como aquellas que pudieran ser necesarias para el poder Judicial y otras instituciones.

No obstante, proponemos que se considere como posibilidad durante el proceso constituyente que, para el referéndum, pueda votarse el texto constitucional dividido por títulos y con mayorías diferentes en función del contenido de los mismos, siempre que así se decida libremente por el pueblo español durante dicho proceso. Igualmente, proponemos que antes del citado referéndum se sometan a consulta previa de la nación española las distintas opciones que pudieran presentar más dificultades a la hora de seleccionar una de ellas para el texto constitucional, de forma que las dos opciones mayoritariamente votadas figuren en el texto final como opciones a elegir definitivamente, como podría ocurrir con la forma de Estado.

En virtud de todo lo anterior, confiando en la capacidad, responsabilidad y voluntad de la mayoría de los españoles para conseguir pacíficamente lo expuesto en la presente Declaración,

DEFENDEMOS la ejecución de un proceso de libertad constituyente, con un previo periodo de libertad política colectiva en el que todos los españoles puedan expresar sus propuestas en plena libertad e igualdad, e INVITAMOS al resto de la nación española a que se una a esta Declaración, con la finalidad de aprobar la nueva Constitución que precise el marco político adecuado para disfrutar de la democracia y justicia que carecemos, así como para evitar la corrupción sistémica, creando un escenario de convivencia pacífica que convierta a los ciudadanos en los necesarios protagonistas del Estado español, al margen de quienes ocupen en cada momento los poderes públicos.

Firma la declaración